Venício Lima, Londres.
La Inglaterra del siglo XVII constituye la referencia moderna obligatoria para el entendimento de la libertad de expresión republicana, centrada en la vita activa y en el autogobierno. El país de John Milton y Tom Paine ha sido uno de los escenarios fundamentales del debate entre republicanos y liberales en torno a la idea de libertad, además de que fue allá donde se constituyeron importantes modelos de prestación del servicio público de radiodifusión (BBC), de regulación (OfCom) y de autorregulación (PCC) de las actividades de los medios.
Por todo ello, las revelaciones hechas públicas originalmente por el tradicional The Guardian, a comienzos de 2011, sobre prácticas periodísticas criminales llevadas a cabo rutineramente por el tabloide News of the World, del grupo News Corporation, desencadenaron reacciones inmediatas por parte del gobierno británico, de instituciones privadas y de ciudadanos.
Una investigación ya fue concluida en la Comisión de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes y su informe fue divulgado el pasado 30 de abril; al menos otras tres todavía están en curso en el ámbito de la Policía (Weeting, Eldeven y Tutela); mientras que varias acciones civiles impuestas por ciudadanos que se consideran víctimas de invasión de privacidad también están siendo tramitadas. Y la investigación más importante de todas, ordenada por el primer ministro con el objetivo de esclarecer “el papel de los medios y de la policía en el escándalo de escuchas telefónicas ilegales” (caso Levison), en julio de 2011, sigue interrogando, entre otros, a periodistas y empresarios.
Una de las consecuencias más concretas de estas denuncias ha sido hasta ahora el anuncio, en febrero pasado, de que la agencia autorreguladora (PCC) sería cerrada para dar lugar a otra institución, con poderes de interferencia más eficaces.
¿Y en Brasil?
En las últimas semanas los brasileños se han enterado de presuntas actividades criminales llevadas a cabo por grupos empresariales privados, políticos en el ejercicio de su mandato y sectores de la Policía y del Poder Judicial, así como de la aparente complicidad de importantes órganos de la prensa tradicional. Si esto se confirma, estaríamos ante un gravísimo deterioro profesional y ético del papel de la gran prensa, colocada al servicio de intereses políticos, privados y criminales.
Escuchas telefónicas apuntan hacia una relación que va mucho más allá de aquella que se admite entre el periodista y su fuente. Hay indicios de que no solo hubo influencia sobre la pauta periodística por parte de la fuente criminal, sino lo que es peor, de una complicidad de estas fuentes con objetivos empresariales y políticos.
Allá y acá
Al contrario de lo que ocurre en Inglaterra, donde la denuncia sobre el News of the World se tornó pública por la acción de un vehículo del gran mass media (The Guardian), en Brasil la primera reacción –con excepción de una red de televisión (Record) y de una revista semanal (Carta Capital) de menor circulación– fue ignorar los nexos de los medios con el llamado escándalo Carlinhos Cachoeira¹.
En un segundo momento, asistimos a la solidaridad explícita y amenazadora de los principales grupos privados de medios de comunicación brasileños con las empresas bajo sospecha.
Una comisión investigadora fue instalada en el Congreso Nacional, pero hasta ahora no ha habido indicios claros de una disposición a investigar los vínculos de esos grupos mediáticos con las acciones criminales.
En Brasil no hay ningún órgano de regulación o de autorregulación de los medios. Por lo tanto, acciones específicas en esas áreas no existen ni existirán.
Por su parte, el gobierno brasileño ha revelado su total inapetencia por asumir el papel de protagonista en relación con la regulación democrática del sector de los medios de comunicación. Ni siquiera los principios y normas de la Constituição de 1988 relativos al tema han sido reglamentados y, por lo tanto, en su mayoría no se cumplen. Hace décadas que se está anunciando un proyecto de marco regulatorio para el sector de las comunicaciones que, hasta ahora, no se ha materializado.
Al contrario de lo que ocurre en Inglaterra, en Brasil no hay compromiso histórico com la libertad de expresión. Nuestro liberalismo nunca fue democrático y prevalece una censura blanda incluso del propio debate público sobre las cuestiones relacionadas con la regulación del sector de los medios. La bandera de la libertad de expresión se la apropiaron indebidamente los mismos grupos que apoyaron el golpe de 1964, responsable por la censura oficial que hizo víctimas, inclusive, a quienes los apoyaron durante más de dos décadas.
Aparentemente, sin embargo, tenemos algo en común con Inglaterra: graves desvíos en el comportamiento de periodistas y de sus patrones. Pero aún no tenemos en Brasil ni los instrumentos institucionales ni la voluntad ni la fuerza políticas necesarias para enfrentar el poder desmesurado de la gran prensa.
*Venício Lima es profesor de Ciencia Política y Comunicación de la UnB (jubilado) y autor, entre otros, de Regulación de las Comunicaciones – Historia, poder y derechos, Editora Paulus, 2011.
¹ Empresario brasileño vinculado al crimen organizado, encarcelado en febrero de 2012 por un caso de escuchas ilegales que implicó a políticos y a periodistas. (Nota del traductor, esta servidora).
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Publicado por Correio do Brasil el 16/5/2012. Traducción libre.
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