lunes, 13 de diciembre de 2010

Acá entre nós: Pobres lectores

@planetaencrisis

“Patética” e “indignante” son dos buenos adjetivos para describir la cobertura que, durante este lunes, hicieron los medios venezolanos (privados y públicos) de la posible discusión, a ocurrir eventualmente en cualquier momento, de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en la Asamblea Nacional de Venezuela.

En los portales de Internet perdí más de una hora en una búsqueda inútil, intentando obtener información objetiva sobre la reforma que supuestamente se hará a estos instrumentos jurídicos, según informan los medios privados.

Las noticias señalan que, en el Congreso, los diputados chavistas están trabajando a marcha forzada para aprobar las leyes pendientes, antes de que se concrete, en enero, el cambio de fichas dibujado por las recientes elecciones.

Pero mi decepción es mayúscula: Al menos el día de hoy, no he podido encontrar ni una sola línea, ni un análisis serio, objetivo, nada. Ni siquiera una infografía que me aclare realmente cuáles son los puntos a ser modificados y hasta dónde llegan estos cambios.

En la prensa privada los titulares son, literalmente, opiniones expresadas por distintos voceros oposicionistas. No hay ni una sola entrevista a un vocero oficial que lo confronte sobre temas de fondo. No hay análisis científicos presentados objetivamente (he aquí un ejemplo: http://www.ntn24.com/node/104271).

Por increíble que parezca, en la prensa del Estado tampoco vi ni una línea sobre la reforma de estas leyes. Era como si el tema no existiera y las notas estaban centradas en la Ley Habilitante.

La página de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) contiene vínculos a documentos con las leyes vigentes, pero no vi informaciones sobre los puntos sensibles de ser objeto de reforma (http://www.analitica.com/bitblio/conatel/default.asp).

No puedo negar que sentí una terrible angustia porque, durante toda la tarde, el canal de noticias Globoviasión (que decía ser la víctima principal de esta reforma) difundió este tema como única noticia, con la conocida “música de crisis” como telón de fondo e imágenes de archivo que se repetían una y otra vez.

Personalmente tengo muy malos recuerdos de coberturas anteriores con similares características.

Los titulares leídos por el ancla eran las opiniones airadas de los miembros de la oposición y de directivos de organismos del gremio periodístico a escala regional, como la SIP.

Durante horas, diputados de oposición, alcaldes, analistas, desfilaron en los micrófonos e hicieron llamados a la movilización y a la protesta en las calles, contra “el modelo cubano que se está queriendo imponer” y la “violación a las libertades democráticas”.

Insólitamente, y a pesar de las enormes implicaciones de tales llamados, los diarios, de forma bastante igual al referido canal de TV (y que también se autocalifican como “independientes”), no contextualizaban las declaraciones. Es decir, nada explicaba claramente a los usuarios cuál “verdad” era esa que les estaban cercenando.

Tampoco mostraban las opiniones o réplicas de los actores principales y objeto de las críticas, es decir, de los diputados chavistas.

Por su parte, ningún periodista de medios oficiales cubría el hecho segundo a segundo, como nos han acostumbrado los medios estatales ante otras coyunturas. Tampoco hubo, como en otras oportunidades, trabajos más profundos sobre estos temas espinosos.

En reportes esporádicos, periodistas del referido canal de TV oposicionista relataban la situación en los alrededores de una Asamblea Nacional protegida por un cerco militar, donde los diputados oficialistas aceleraban, acuartelados, la aprobación de estas leyes polémicas.

Según los reportes “de lejos” de los medios privados, ocurría algo así como un golpe de Estado por parte de los congresistas.

Todo el mundo sabe que aprobar a toda prisa leyes, antes de que llegue la nueva legislatura, es práctica común de todos los sectores políticos en todos los países del mundo. Pero hagámonos preguntas.

Primero, sobre las leyes de comunicación, ¿no es posible decir que la población, a estas alturas, todavía las desconoce? ¿Para qué sirven, realmente?

¿Cómo podemos definir la “verdad” que los usuarios de los medios de comunicación no conocemos y que los medios privados dicen defender? 

Segundo, ¿sirve a los fines de quien elaboró las reformas el hecho de que se aprueben de este modo?

¿Qué es lo que se perdería, en términos políticos, si se hubiera fomentado desde hace tiempo un amplio debate? ¿Cómo debatir si no es respondiendo al oponente?

Si se aprueban las reformas de estos instrumentos a toda prisa puede que se evite un periodo de pugnas que, ya de arranque, pondría en jaque el funcionamiento de un Congreso compartido.

No obstante, una vez más, el Gobierno habrá desperdiciado la oportunidad de llevar a cabo un debate político que incluya a otros sectores, combatiendo así la imagen de autoritarismo y represión en que lo encasillan sus opositores y dando pasos hacia una mayor convivencia.

La Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por la naturaleza ética de muchos de sus aspectos, ameritan un amplio (y educativo) debate social que las desmitifique y que aleje de ellas el carácter exclusivamente mercantilista que han tenido instrumentos de este tipo implementados en otros países.

Pobres de nosotros, lectores de la prensa (venezolana y de todo el mundo exterior, que sólo verá una copia), pues una vez más asistimos a la pugna entre poderes económicos y políticos sin obtener las informaciones necesarias para formarnos una opinión libre de sesgos.

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